En enero, Rosa Bermúdez trajo a su casa una colorida hoja de trabajo de la Escuela Primaria Stansbury para usarla de guía en su plan para una relación segura y saludable con la tecnología.
Pero la hoja estaba en inglés y cuando la estudiante de 11 años trató de llenar los espacios en blanco, algunas cosas se perdieron en la traducción, como cuando ella describe las tareas de su hogar como “recoger juguetes” y “barrer y trapear”.
El solo hecho de tener tareas escolares constituye un cambio en la rutina de Rosa, que antes de la pandemia ya sabía lo que era prescindir de maestros o condiscípulos durante largos meses. Antes de matricularse en escuelas del estado de Utah el invierno pasado, sus hermanos y ella perdieron alrededor de dos años de educación regular mientras su familia tramitaba su solicitud de asilo en Estados Unidos.
Junto con sus padres, Sandra Vásquez y Concepción Ventura, Rosa y sus hermanos —Joaquín, Jeremy, Jason y Nixon, ahora en las edades de 14, 7, 6 y 2 años respectivamente— enfrentaron demoras significativas y situaciones de vida o muerte en la frontera. Luego al llegar finalmente a Estados Unidos, los esperaba una crisis global de salud pública que los dejó vulnerables a merced de un país hostil en el que súbitamente la sociedad permanecía encerrada y temerosa.
A principios del año 2021, no tenían seguro para pagar sus gastos médicos y carecían de permisos de trabajo para costear su vida cotidiana. Ni siquiera tenían la certeza de poder permanecer en este país.
Sin embargo, pocos días después de haber regresado a la escuela este invierno, ya Rosa se había propuesto estudiar —y finalmente dominar por completo— el idioma que todos hablaban alrededor suyo. Acogió la gimnasia lingüística casi constante de tener que alternar entre inglés y español con la ayuda de una amiga bilingüe que le traduce las lecciones del profesor y una aplicación que le ayuda a descifrar la tarea escolar que debe hacer en la casa.
“Aquí es necesario aprender inglés”, dijo Rosa en español.
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La pandemia del coronavirus ha afectado a estudiantes inmigrantes de forma desproporcionada y, de manera más general, a personas que están aprendiendo inglés, quienes han tenido que sobreponerse a barreras del idioma, inferiores bandas anchas y limitaciones en el apoyo educacional en sus casas, según el Instituto de Política Migratoria (IPM).
En tiempos más normales, “la asistencia a clases no es un problema típico entre los aproximadamente 5 millones de alumnos de escuelas públicas en Estados Unidos que están aprendiendo inglés,” según escribieron expertos del IPM en un breve informe sobre política migratoria publicado en septiembre. Pero en la primavera pasada, cuando los precintos universitarios cerraron por causa del Covid-19, muchos de esos estudiantes usualmente alertas abandonaron los estudios en cantidades alarmantes.
Entretanto, los inmigrantes han sido devastados globalmente por el virus al tiempo que han sufrido un riesgo mucho mayor de infección que las poblaciones nacidas en el país, y sus empleos también han sido decimados por el desplome económico.
Y para muchos que buscan asilo en Estados Unidos la pandemia ha sido la culminación de un ciclo al parecer interminable de trauma y desamparo, primero en sus países de origen, luego en México y ahora aquí.
Una ardua jornada
La administración del expresidente Donald Trump estaba apenas comenzando una de sus políticas migratorias más escudriñadas —nombrada paradójicamente “Protocolos de Protección Migratoria”, o PPM, diseñada para desalentar a la gente de “aprovecharse del sistema de inmigración”— cuando la familia de Vásquez y Ventura salieron hacia Estados Unidos en enero de 2019.
A o largo de la jornada, Vásquez trató de continuar educando a sus hijos, enseñándoles a sumar, restar, las vocales, a pintar y cualquier otra cosa que podía.
En su hogar en Corinto, El Salvador, los adultos administraban un negocio de mueblería, pero habían sido obligados a pagar “impuestos” devastadores a la pandilla MS-13. Sus familiares también habían sido extorsionados y algunas víctimas del chanchullo habían terminado muertas.
A fin de escapar persecución y posibles asesinatos, la familia de Vásquez decidió mudarse con su madre y tres hermanos ciudadanos americanos en territorio de Estados Unidos. Pero cuando finalmente llegaron a la frontera después de haber sido desviados en tránsito la mayor parte del año, los ubicaron en PPM y los enviaron de vuelta a Tijuana.
Conocidos coloquialmente como “Quédense en México”, los protocolos enviaban a la gente que tenían pendiente una audiencia en corte a ciudades mexicanas sumidas en crimen, en lugar de permitirles esperar en Estados Unidos. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional alegaba que México podría proveer a inmigrantes de “todas las protecciones humanitarias adecuadas durante su estadía”, la gente en PPM era mayormente abandonada a navegar lo que a menudo conducía a situaciones en que arriesgaban la vida con pocos recursos.
Abandonados en un país extranjero, se convertían en fácil presa para miembros del cartel y para la corrupta policía mexicana.
“La gente moría en PPM. Se le sometía a una severa violencia en PPM. Los traficaban en PPM”, dijo Alyssa Kane, abogada administradora de Aldea, el Centro de Justicia del Pueblo, que representaba a los inmigrantes.
Las víctimas de PPM han sufrido al menos 1.544 incidentes de violación sexual, asesinato, tortura u otros ataques violentos, incluyendo 341 secuestros o intentos de secuestro de niños, según la organización Human Rights First.
En Ciudad Juárez, una niña de 10 años presenció cuando varios hombres atacaban sexualmente a su mamá y le tiraban ácido, lo cual le causó quemaduras de segundo grado que le llegaron al hueso. Cuando su familia solicitó asilo en Estados Unidos, igual los enviaron de vuelta a México durante meses, según Noticias de BuzzFeed.
Cuando un niño de 11 años y su padre fueron secuestrados y sus captores amenazaron con quitarle los órganos al pequeño niño, la familia le dijo a un reportero que regresaban a Honduras, de donde habían huido primero.
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En Tijuana, donde la familia de Vásquez vivió primero en un albergue y luego en una habitación rentada, ella nunca dejó a sus hijos solos. Pasaban los días adentro mientras esperaban cinco audiencias en los tribunales. Todos los meses, el día de audiencia en la corte la familia entera se presentaba en un puerto de entrada de Estados Unidos alrededor de las 3 de la madrugada y eran llevados en un ómnibus ante un juez de inmigración americano. Después tenían que regresar a México y esperar la próxima audiencia.
Las apariencias eran mayormente una formalidad: Una nueva y fuerte prohibición de entrada que tomó efecto en todo el país en septiembre de 2019 los descalificó automáticamente para recibir asilo. La rama ejecutiva había estado reformando la ley y el precedente de inmigración de Estados Unidos para dejar fuera a personas con antecedentes similares cuyos lugares de origen Trump una vez ridiculizó llamándolos “países de mierda”.
Los que buscan asilo y están obligados a esperar en México han sufrido al menos 1.544 incidentes de violación sexual, asesinato, tortura u otros ataques violentos, incluyendo 341 secuestros o intentos de secuestros de niños, según la organización Human Rights First.
“Estaban creando políticas específicamente para excluir a personas de ciertas nacionalidades, como personas oriundas de Centroamérica, de Haití, gente del Caribe”, dijo Kane.
La familia de Vásquez y Ventura todavía era elegible bajo una categoría menos conocida y más difícil de acceder llamada “expulsión retenida”, una protección difícil de obtener que no incluye la misma seguridad ni conduce a un estatus de residencia permanente como lo ofrece el asilo. Sin embargo, sí asegura que las personas no serán deportadas a sus países de origen, al menos por el momento. Pero tenían la desventaja de no poder costear un abogado que los ayudara a navegar el complejo sistema de inmigración en los tribunales de Estados Unidos, dada la experiencia de la mayoría de las personas obligadas a esperar en México durante el proceso. Una amplia mayoría de personas en PPM ha perdido sus casos y se les ha ordenado salir de Estados Unidos, incluida la familia de Vásquez y Ventura.
Irónicamente, bajo el bizantino sistema utilizado para aplicar la Ley de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, su familia tuvo que adentrarse profundamente en territorio americano antes de ser enviada de vuelta a su país de origen. En marzo de 2020 el gobierno embarcó por avión a Vásquez, Ventura y sus hijos hacia el Centro Residencial del Condado de Berks, un lugar de detención de inmigración para familias ubicado a una hora de Filadelfia.
En Berks, algunos inmigrantes han encontrado un valioso recurso que no tenían en México: abogados. El equipo legal de Kane en Aldea, que representa a familias en Berks de gratis, ayudó a Vásquez y su familia a presentar una apelación que les permitió permanecer en Estados Unidos mientras luchaban por su caso.
Eliminada así la opción de deportarlos, los funcionarios de inmigración enviaron a la familia en un ómnibus de Greyhound a vivir en el estado de Utah, cerca de la madre y los hermanos de Vásquez. Su itinerario de viaje fue implacable, con tramos cortos entre paradas que se prolongaban hasta la mañana siguiente, como el de una hora y media en Pittsburgh a las 2:10 de la madrugada y la salida de la Ciudad de Kansas poco después de la medianoche.
Cuando finalmente llegaron a Salt Lake City, Utah, a las 10:35 p.m. el 29 de marzo de 2020, habían hecho escalas en al menos nueve estados en viajes por carretera que duraron tres días seguidos, al tiempo en que la vida en Estados Unidos se detenía en medio de la creciente pandemia de Covid-19 cuyas muertes aumentaban día por día.
“Debido a que el ómnibus llevaba gente, tenía miedo venir”, dijo Vásquez. Pero nada le ocurrió a su familia y finalmente habían llegado a su destino.
¿De regreso a la escuela?
Después de tres semestres perdidos y meses encerrados y aburridos en medio de la pandemia en Estados Unidos, Joaquín, Rosa, Jeremy y Jason ¾los cuatro hijos de Vásquez de edad escolar¾ parecen estar cerca de regresar a clases.
Pero el pasado otoño una serie de obstáculos los alejó aun más del curso.
“Yo no podía traducir y ayudarlos. No podía. No entendía nada”.
Sandra Vásquez, una mamá que vino
a solicitar asilo con su esposo y cinco hijos.
Al principio, con el Covid-19 todavía devastando a la población, Vásquez prefirió que Joaquín, Rosa, Jeremy y Jason recibieran sus clases por internet, utilizando desde la casa bajo su dirección computadoras prestadas de la escuela, pero el trabajo del curso realizado no tuvo ningún sentido.
“No sabía lo que decían porque todo era en inglés”, dijo Joaquín.
“Yo no podía traducir y ayudarlos. No podía. No entendía nada”, dijo Vásquez. “Y ellos tampoco”.
Vásquez decidió enviar a Rosa, Jeremy y Jason a tomar las clases en persona. (Joaquín, cuya edad sobrepasa ya la escuela primaria, fue enviado a un colegio diferente demasiado lejos.) Asistieron a clases alrededor de un mes hasta que a mitad del semestre la familia se mudó. Esto la llevó a caer en una nueva zona y a su vez en una escuela nueva, donde a los niños les preguntaron por sus vacunas. Necesitaban vacunas diferentes de las que habían recibido de niños en El Salvador.
Desde vacunas contra la varicela y hepatitis-A hasta contra la meningitis meningocócica y la vacuna triple bacteriana, Joaquín, Rosa, Jeremy y Jason cada uno necesitaba varias a un costo total de $120. Esta suma era demasiado para sus padres, quienes no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos.
Para finales de 2020, Vásquez había decidido esperar hasta enero para enviar a sus hijos otra vez a clases en persona. Mientras tanto, ella seguía enseñándoles, como lo había hecho en México.
En años recientes las solicitudes de asilo se han disparado y, a pesar de la amenaza constante de la posible deportación, niños como Rosa y sus hermanos usualmente prefieren asistir a escuelas públicas mientras esperan una resolución a sus casos, dijo Kane. Los padres generalmente también están de acuerdo con eso.
“Uno de los objetivos principales de permanecer aquí legalmente es poder enviar a sus hijos a la escuela y asegurarse de que reciban —que puedan recibir— una buena educación”, dijo Kane.
Pero los centros de detención de inmigración que encarcelan a familias suelen tener un aspecto institucional similar hacia los precintos escolares, lo cual presenta un trauma a los niños cuando finalmente regresan a un ambiente de clases, dijo Kane.
En Berks, por ejemplo, los terrenos de la instalación semejan extrañamente los de una escuela pública, tanto en su exterior como en su interior. Sin embargo, no se les permite a las familias salir y permanecen constantemente bajo el control de los empleados del centro, quienes de manera infame han abusado de su autoridad, incluyendo a un guardia que se declaró culpable de haber asaltado sexualmente a una persona de 19 años detenida allí.
“Muchos niños enfrentan dificultades al regresar a un sistema de tener un maestro que les diga lo que tienen que hacer, tener que estar sentado en un mismo sitio la mayor parte del día y hacer lo que les manden”, dijo Kane. “Ellos han sufrido esa experiencia de manera traumática”.
“Uno de sus objetivos principales de permanecer aquí legalmente es poder enviar a sus hijos a la escuela”.
Alyssa Kane, abogada administradora de Aldea.
Niños pasaban medio año o más en México porque el PPM está también atravesando significativas lagunas educacionales, dijo ella, mencionando también preocupaciones sobre “cuánto esa inestabilidad y ese trauma afectarán el desarrollo educacional de un niño más adelante”.
Entonces, una sarta de obstáculos logísticos —desde problemas de conectividad a falta de espacio y recursos en el hogar— hacen que el acceso a la educación en línea se convierta en un desafío para quienes aprenden inglés como grupo, a pesar de los esfuerzos hercúleos de los estados de proveer puntos de acceso y dispositivos electrónicos.
“Es muy claro que muchos estudiantes están —han estado— perdidos, que los maestros aún no ven a estos alumnos dedicados ni en contacto regular con otros niños” dijo Melissa Lazarín, asesora principal del Instituto de Política Migratoria (IPM). “No me queda duda de que estos alumnos están sobrerrepresentados en la categoría de estudiantes y en este momento no están recibiendo o cosechando los beneficios del aprendizaje por internet”.
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En Los Ángeles, por ejemplo, menos de la mitad de los alumnos que están aprendiendo inglés participaron en el aprendizaje por internet cada semana durante los primeros meses de la pandemia, según un informe de IPM. Un fenómeno similar surgió en otras ciudades, incluyendo a Sacramento y Chicago.
En el otoño —el primer semestre completo afectado por el Covid-19— aumentaron drásticamente las bajas notas entre los que están aprendiendo inglés en áreas como el Condado de Fairfax en Virginia y el Condado de Montgomery en Maryland. En diciembre, el 36,1 por ciento de los que están aprendiendo inglés en Connecticut eran ausentes habituales.
En el Distrito Escolar de Granite en Utah, donde asistían a la escuela los hijos de Vásquez, 609 de los 16.036 alumnos que están aprendiendo inglés no han ingresado a la plataforma de aprendizaje en internet en esta primavera.
Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos que se han acumulado contra ellos, Joaquín, Rosa, Jeremy y Jason estaban decididos a regresar a las clases. En enero, finalmente la familia recibió sus costosas vacunas. (El distrito le comunicó que esas inmunizaciones habían sido donadas por organizaciones caritativas.)
Poco después, los hijos de edad de primaria ingresaron en su nueva escuela, Stansbury, y Joaquín comenzó en la Escuela Secundaria STEM en West Lake.
Días antes de regresar a clases, Rosa estaba nerviosa.
“La gente habla en inglés y yo no los entiendo”, dijo ella.
Una nueva y cautelosa esperanza
Al tiempo que los hijos de Vásquez se preparaban para un nuevo semestre en sus nuevas escuelas, la Casa Blanca se preparaba simultáneamente para recibir a un nuevo comandante-en-jefe cuya plataforma, radicalmente distinta, podría cambiar el futuro de su familia.
“Es alentador que un presidente que jura su cargo promoviendo la unidad sea el que finalmente logre unir al Congreso en torno a este tema extremadamente divisivo”.
Sarah Pierce, analista de políticas en el IPM.
Tras tomar posesión de su cargo en enero, el presidente Joe Biden inmediatamente pareció hacer uso de una mandarria para acabar con algunas de las políticas más extremistas de Trump, incluyendo las prácticas que afectaban a los inmigrantes y a quienes solicitaban asilo. Los siniestros pasillos de Berks se han vaciado, al menos por el momento, y una de las ambiciosas metas legislativas de la administración de Biden es lograr una reforma significativa del descompuesto sistema de inmigración tras décadas de estancamiento.
“Es alentador que un presidente que jura su cargo promoviendo la unidad sea el que finalmente logre unir al Congreso en torno a este tema extremadamente divisivo”, dijo Sarah Pierce, una analista de políticas en el IPM. “Pero es definitivamente una ardua tarea”.
Biden también ha prometido desmantelar la intricada red de regulaciones de inmigración, pero gran parte del legado de Trump tomará meses, si no años, para deshacerla debido a que los cambios enfrentarían un tedioso burocratismo y trabas en los tribunales.
Entretanto, todas las miradas se han dirigido una vez más hacia la frontera entre Estados Unidos y México, donde se desarrolla un desafío humanitario al tiempo que la nueva administración enfrenta una afluencia de inmigrantes y los funcionarios se esfuerzan para procesar y atender a niños y familias vulnerables en medio de la pandemia.
En marzo, la organización de Estados Unidos encargada de la Protección de la Aduana y la Frontera presenció la entrada de 18.890 niños que cruzaban la frontera sin estar acompañados por padres o guardianes, un récord mensual según NBC News.
Pero también existe esperanza en la frontera. Las personas en PPM que aún tienen casos activos están finalmente entrando en Estados Unidos, y la administración de Biden está considerando emprender una revisión completa del actual proceso de asilo a fin de que resulte más eficaz para casos futuros.
Por el momento, todavía no está claro lo que ocurrirá con familias como la de Vásquez. Están en un patrón de suspenso en espera de que la nueva administración anuncie o que la Corte Suprema tome una decisión que determine si la ahora difunta PPM era legal o no.
Mientras esperan, construyen una vida en sus nuevas comunidades.
En su escuela secundaria, la clase favorita de Joaquín es la de lectura. Sus hermanos menores están en una lista de espera para ingresar en un programa dual de español y reciben servicios mientras tanto de desarrollo del idioma inglés, además de instrucción orientada para ayudarlos a aprender el idioma acorde con la administración del Distrito Escolar de Granite.
El español es localmente un idioma común y existe apoyo para estudiantes que necesitan ayuda, dijo Charlene Lui, directora de equidad educacional en el distrito. Pero debido al hecho de que la familia de Vásquez es nueva en el pueblo, tal vez no sabían cómo conectarse con ellos, dijo Lui.
“Tenemos definitivamente que hacer un mejor trabajo en esto”, dijo ella, “asegurándonos de que conozcan los servicios de que disponemos”.
En la hoja de trabajo del “plan de poder”, una de las tareas originales que Rosa recibió en Stansbury, se le había pedido que hiciera una lista de sus “actividades favoritas de la vida real”. Muchas niñas de 11 años en Estados Unidos pueden haber expresado una fijación por los deportes o por la costumbre de pasar la noche con amiguitas en la casa de otra. Pero no Rosa.
“Estudiar,” escribió.
Este artículo sobre solicitantes de asilo lo produjo The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro enfocada en la desigualdad y la innovación en la educación. Inscríbase al boletín informativo de Hechinger.